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Brasil congela gastos públicos por 20 años a partir de enero

RÍO DE JANEIRO, 13 de diciembre, (AGENCIAS / CÍRCULO DIGITAL).- Por Heriberto Araújo. El Senado brasileño aprobó hoy por 53 votos a favor y 16 en contra una enmienda constitucional rechazada por la mayoría de brasileños y criticada por expertos de la ONU que congela por 20 años el gasto público para reducir el déficit fiscal.

La Propuesta de Enmienda Constitucional 55 (PEC 241/55), una iniciativa del Ejecutivo para frenar el abultado déficit fiscal de Brasil, recibió el apoyo de la mayoría de la Cámara Alta y en los próximos días será rubricada por el presidente Michel Temer para que entre en vigor el 1 de enero de 2017.

Considerado por el Ejecutivo como una medida ineludible para sacar a Brasil de su profunda recesión, la PEC-55 propone establecer un techo de gasto público para las próximas dos décadas que establezca, como máximo, un aumento del desembolso en áreas como Sanidad y Educación vinculado al dato de inflación del año anterior.

Una medida que, de facto, congela los gastos gubernamentales federales para por lo menos diez años –cuando la PEC podrá ser revisada por el entonces presidente-, con el objetivo de frenar un déficit fiscal que se agrava por la recesión económica y este año debe ascender a 170 mil millones de reales (51 mil millones de dólares).

En una semana extremadamente turbulenta para el Ejecutivo por las acusaciones de corrupción y financiación ilícita que afectan al propio Temer, el presidente logra así una victoria en el Legislativo para encuadrar las cuentas públicas, una prioridad de su gobierno para tratar de salir de la recesión que azota hace siete trimestres a Brasil.

La oposición, liderada por el Partido de los Trabajadores (PT), trató de obstaculizar en el plenario del Senado y a través de un recurso en el Supremo Tribunal Federal (STF) la votación de este martes, pero la coalición del gobierno logró imponerse y sacó adelante la polémica enmienda.

Ni siquiera las protestas organizadas en siete estados brasileños y en Brasilia –modestas, en su mayoría- y el rechazo del 60 por ciento de la población a la enmienda lograron impedir la aprobación del texto, que debe ser refrendado por Temer en los próximos días.

Sectores de la izquierda, organizaciones sociales e incluso el relator especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Pobreza y Derechos Humanos, Philip Alston, criticaron duramente la PEC-55, al considerar que aumentará la desigualdad en un país con enormes diferencias sociales y accesos a servicios básicos.

“Afectará a los brasileños más pobres y a los más vulnerables, aumentará los niveles de desigualdad en una sociedad ya muy desigual, y definitivamente señala que los derechos sociales son una prioridad muy pequeña en Brasil durante los próximos 20 años”, destacó el pasado viernes el relator.

Temer, quien llegó al poder en Brasil sin el aval de las urnas y cuyo gobierno tiene un índice de rechazo del 51 por ciento, prometió “devolver al país a los raíles”, aunque el Producto Interior Bruto (PIB) sigue contrayéndose y el desempleo aumentando en la mayor economía de América Latina.

La PEC-55 era una de las dos medidas estructurales propuestas por el Ejecutivo, que a partir de 2017 se centrará en otro de los puntos más sensibles de su programa de recortes: la reforma del sistema de pensiones.

 

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