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En rebeldía judicial, la SCT y CFE: Morena

CIUDAD DE MÉXICO, 02 de diciembre, (AZCAPO NOTICIAS/CÍRCULO DIGITAL).— Diputados de Morena, Ana Juana Ángeles Valencia, Olivia Gómez Garibay y Darío Carrasco Aguilar, exhortaron a las autoridades federales de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), de la Secretaría de Energía (SE), a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a respetar fallo judicial que ordena suspender definitivamente las obras del Tren Interurbano México-Toluca, emitido por el 8° Tribunal Colegiado en Materia Administrativa.

Precisaron que el 8° Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en correlación con el Juzgado 12° de Distrito en Materia Administrativa, decretaron suspender definitivamente las obras del Tren Interurbano México-Toluca correspondiente al tramo 2 y 3, localizado en La Pila, del Poblado de San Lorenzo Acopilco, delegación Cuajimalpa, mediante resolución de fecha el 19 de septiembre pasado.

Así lo dieron a conocer en conferencia de prensa los diputados de Morena quienes exhortaron al Secretario de Gobernación atender la instrucción proveniente de la Presidencia de la República de atender a los representantes legales de los dos mil 344 comuneros reconocidos judicialmente y a respetar fallo judicial que ordena suspender definitivamente dicha obra.

Destacaron que la SCT y la CFE al incurrir en total desacato a una orden judicial al continuar con las obras de sondeos y mecánica de suelo que tienen un costo de más de 93 millones de pesos, de acuerdo cifras proporcionadas por los técnicos que realizan el muestreo del tramo, en franca rebeldía, además que de concretarse la construcción del túnel se perjudicarían bosques que son nutridos por los 16 manantiales existentes, los que también se verían dañados de manera permanente.

Detalló que la defensa y protección de los bienes comunales pertenecientes al pueblo de San Lorenzo Acopilco, afectados por la construcción del Tren Interurbano México-Toluca, sigue en pie de lucha por parte de los dos mil 344 comuneros de San Lorenzo Acopilco, que fueron reconocidos por su capacidad individual en materia agraria, el 22 de agosto de este año por el Tribunal Agrario.

La lucha va más allá de defender las tierras comunales o de la simple posesión de un pedazo de tierra, se trata, dijeron, de preservar una herencia patrimonial, constituida por áreas naturales protegidas. Ellos son los legítimos dueños del suelo donde habitan, legitimados por un resolutivo del Tribunal Agrario, señalaron.

Los legisladores manifestaron su apoyo irrestricto a los comuneros de San Lorenzo Acopilco porque la defensa va más allá de las tierras, porque se trata, argumentaron, de preservar su patrimonio y la protección al medio ambiente.

Expresaron que no permitirán se violente el Estado de Derecho, por lo que acompañaran en cualquier acción legal a los ciudadanos que se encuentren en desventaja ante los poderes fácticos o dependencias que buscan engañar y lucrar en perjuicio de la sociedad.

Al respecto, el representante legal del Frente Único de Comuneros de San Lorenzo Acopilco, Isaac Salinas García, afirmó que están a la espera que autoridades de la Secretaría de Gobernación atiendan el llamado de audiencia, a efecto de poner en conocimiento de dicha secretaría la situación que prevalece en Cuajimalpa, así también para que den respuesta sobre las violaciones al amparo, al derecho agrario y al medio ambiente que padecen los comuneros.

Exigió a las autoridades de la Secretaría de Gobernación atiendan los asuntos que dejó pendientes el ex subsecretario Luís Enrique Miranda, “quien nos bateó y nunca nos dio una respuesta satisfactoria pese a que cuenta con un expediente que sustenta cómo se llevó a cabo el fraude por más de 47 millones de pesos que la SCT entregó a una autoridad de la delegación Cuajimalpa que se ostentó al mismo tiempo como representante de los comuneros de San Lorenzo Acopilco”

En tanto, los diputados Darío Carrasco Aguilar, Olivia Gómez Garibay y Ana Juana Ángeles, reiteraron el apoyo de su fracción parlamentaria con los recursos legislativos y legales para que las autoridades no atropellen los derechos de los comuneros, anteponiendo un proyecto que solo tiene como finalidad un negocio.

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